En mi Opinión | Liberan a Hñahñus encarcelados injustamente

Ser privado de la libertad es un castigo que merecen los delincuentes, pero cuando este castigo es impuesto a inocentes, y estos no se pueden defender por falta de recursos esta situación se puede convertir en una pesadilla, hace un par de años la Suprema Corte de Justicia, en México ordenó la liberación inmediata de las indígenas hñahñus Alberta Alcántara y Teresa González, consideradas presas de conciencia por Amnistía Internacional. Las dos mujeres fueron acusadas de secuestro y tráfico de drogas por la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) y permanecieron en prisión casi cuatro años. Al ordenar su libertad la Corte reconoció que fueron acusadas con pruebas falsas y testimonios contradictorios. Esto sucedió en el estado vecino de Querétaro y aunque pareciera lejano, no es así, la semana pasada fueron liberados tres indígenas hñahñus originarios de la comunidad San Joaquín, del municipio Tecozautla, quienes estuvieron recluidos tres años en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, luego de haber sido acusados, sin pruebas consistentes, de un millonario fraude fiscal.
Sus nombres son: Celso Mejía Caballero, Juan Hernández Caballero y Margarita Hernández Lugardo quienes supuestamente fraguaron el fraude haciendo uso de una compleja operación en la importación ilegal de tela, los abogados defensores argumentaron que los acusados fueron engañados por Oscar Corro, oriundo de Tequisquiapan, Querétaro, quien durante un año les ofreció trabajo constante de maquila con lo que ganó su confianza.
A mediados del año 2005 se presentó ante ellos para convencerlos de trabajar de forma conjunta y acercar a la maquiladora mayores beneficios. Hasta esa fecha la micro empresa no había tenido problemas fiscales con el Sistema de Administración Tributaria. Al ser contratados por Oscar Corro son nombrados como presidente, secretario y tesorera de la cooperativa.
Cabe resaltar, en 1998 al menos 30 personas de la comunidad de San Joaquín se unieron para comprar máquinas de coser e instalar un taller de costura. Formalizaron la sociedad cooperativa y durante los primeros años tuvieron muy pocas satisfacciones. Celso, Juan y Margarita fueron electos como directivos de la Cooperativa en el 2000 cuando poseían apenas 8 máquinas de coser.
Oscar Corro a nombre de la cooperativa y sin el consentimiento de sus tres directivos, procedió para ser partícipe del Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Importación (PITEX) que coordina la Secretaría de Economía federal, de esta forma contrató créditos, consolidó compras e introdujo las telas por la aduana de Colombia, Nuevo León. La materia prima la desvió para otras empresas y violó el reglamento del PITEX que exige regresar al país de origen las telas como prendas terminadas, lo que representa un fraude fiscal, los tres indígenas nunca vieron un metro cuadrado de tela y se enteraron del asunto hasta que la Policía Federal se presentó por ellos con una orden de aprehensión
Durante los dos primeros años de detención, los tres indígenas quedaron en desamparo jurídico hasta que se acercaron al Consejo Supremo Hñahñú (CSH) mismo que les asignó dos abogados.
El caso se llevó en el Juzgado Segundo de Distrito, con causa número 53/2009, y se dictó una sentencia mínima de 3 años de condena para los tres acusados, tiempo que cumplieron en prisión, por lo que se ordenó su liberación.
La inocencia de los indígenas quedó demostrada en el proceso a través de innumerables pruebas periciales como la falsificación de firmas, declaraciones del agente aduanal y faltas administrativas de la Secretaria de Economía.
En marzo pasado, el juzgado aceptó las conclusiones de la defensa que pedía la libertad de sus defendidos, pero el Ministerio Público interpuso el recurso de apelación, lo que retrasó el proceso al menos 4 meses más.

La madrugada del pasado domingo 16, los tres indígenas hñahñus fueron liberados tras haber sido acusados de un fraude fiscal equiparado por 486 millones de pesos, a pesar de no haber pruebas contundentes en torno a la operación de importación ilegal de tela purgaron una condena de tres años, a pesar de haberse comprobado que se usaron sus identidades y falsificaron sus firmas.